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26 de agosto del 2003
El gobierno español viola la legislación internacional al ofrecer a EEUU el satélite español Hispasat para interferir el espacio radioeléctrico cubano
Pascual Serrano
Rebelión
La decisión de ceder el satélite con capital público
Hispasat a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), dependiente del gobierno
norteamericano, para difundir en la isla las transmisiones clandestinas de Radio
y TV Martí supone una violación de la legislación internacional.
Ya el pasado mes de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano recordaba
que esas emisiones al provocar interferencias y afectaciones a las transmisiones
radiales cubanas "constituyen una franca y grosera violación del Derecho
Internacional y las normas y regulaciones establecidas por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), organización internacional con sede en Ginebra,
que fuera constituida con el objetivo de promover el buen funcionamiento de
las telecomunicaciones en todo el mundo y, en particular, a su Reglamento de
Radiocomunicaciones".
Las transmisiones norteamericanas de Radio y TV Martí desde Miami utilizan
canales y sistemas asignados legalmente a estaciones cubanas de televisión
e inscritas debidamente en la ya citada organización internacional. Esta
acción violaría el Derecho Internacional y de las normas acordadas
por todos los Estados en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
en especial del numeral 23.3 de su Reglamento de Radiocomunicaciones, que prohíbe
las transmisiones televisivas más allá de los límites nacionales.
En virtud del artículo 15.34 del propio Reglamento, la agresión
televisiva de Estados Unidos constituye una interferencia perjudicial, provocada
por una estación de televisión operando en el canal 13 de VHF
(210 a 216 MHz), lo que afecta severamente a los servicios de televisión
cubanos debidamente registrados en dicho canal.
El propio preámbulo de la Constitución de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones establece la importancia creciente de las telecomunicaciones
para la salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de
todos los Estados y, por tanto, declara la necesidad de facilitar el buen funcionamiento
de las telecomunicaciones, mediante la cooperación internacional para
la realización plena de los objetivos antes expuestos. Las agresiones
radiales y televisivas de Estados Unidos contra Cuba evidencian el total desprecio
de dicho gobierno por las normas que rigen las relaciones internacionales y
suponen una invasión de facto, no del territorio terrestre, pero sí
de del espacio radioeléctrico y de su soberanía.
La decisión del gobierno norteamericano de relanzar las emisiones mediante
la colaboración del gobierno español y del satélite Hispasat
es una decisión claramente electoralista del gobierno Bush, para responder
así a las presiones de los grupos de exiliados cubanos indignados por
la repatriación de los últimos secuestradores de un barco cubano.
La propia congresista de origen cubano Ileana Ros-Lethtinen consideró
las nuevas transmisiones como un "primer paso" para la normalización
entre la disidencia cubana y la Administración Bush.
La labor desestabilizadora y provocadora de Radio Martí quedó
en evidencia el pasado año, al provocar un grave conflicto diplomático
entre México Cuba después de difundir la falsa noticia de que
la embajada mexicana estaba dando asilo a todos los cubanos y que las relaciones
entre los dos países se habían roto. Afirmaciones que tuvieron
que ser desmentidas por el gobierno mexicano.
El acuerdo para la utilización del satélite español durará
siete años y supone una implicación clara del gobierno Aznar y
de poderosas empresas multinacionales españolas en las conflictivas relaciones
entre EEUU y Cuba, esta vez atentando contra la legislación internacional
en materia de radiodifusión.
El gobierno español, a través de tres empresas públicas
(INTA, SEPI y CDTI) posee el 25'68 % del capital social del satélite.
El resto del accionariado corresponde a grandes operadores de telecomunicaciones
(Grupo Auna, Telefónica y Eutelsat), el BBVA y representantes de la industria
aeroespacial (EADS-CASA). El presidente del consorcio es Pedro Antonio Martín
Martín, que fue secretario de Estado del Gobierno Aznar. Igualmente,
entre los vocales del Consejo de Administración hay representantes del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La propia
página web de Hispasat declara que entre los objetivos del satélite,
creado en 1989, está la de ofrecer su servicio "al Ministerio de Defensa
española para sus aplicaciones gubernamentales". Todo ello evidencia
que el alquiler de Hispasat al gobierno norteamericano no es una decisión
estrictamente empresarial sino un favor político preelectoral al gobierno
Bush a costa del derecho a Cuba a la soberanía de su espacio radioeléctrico
y a sus propias telecomunicaciones.
http://www.pascualserrano.net
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