![]() |
La política irracional de los Estados Unidos contra Cuba
Salim Lamrani
Rebelión
Según el Derecho internacional, toda ley debe respetar dos principios
fundamentales que son la no extraterritorialidad y la no retroactividad. En
efecto, una ley votada por una nación no puede ser extraterritorial ni
retroactiva. No obstante, para la administración Bush, la legislación
internacional pasa a un segundo plano cada vez que se trata de Cuba. En su
confrontación con el gobierno de La Habana, Washington se caracteriza sobre todo
por su política irracional, poco importa si humilla públicamente a un aliado
dócil como Vicente Fox y se mofa de la soberanía del pueblo mexicano.
El 3 de febrero de 2006, una delegación de 16 funcionarios cubanos, reunida con
un grupo de empresarios estadounidenses, fue expulsada del hotel Sheraton María
Isabel de la capital mexicana. Después de una conminación del Departamento del
Tesoro estadounidense que invocó la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917(Trading
with the Enemy Act) y la ley Helms-Burton de 1996, la dirección de la
multinacional Starwoods Hotels and Resorts Worldwide ordenó la evicción
de los residentes cubanos. Dichas legislaciones estipulan que ningún cubano
puede beneficiarse con productos o servicios de una empresa norteamericana [1].
A los cubanos, además de desalojarlos arbitrariamente, les confiscaron su
dinero. La delegación, a pesar de que había pagado por tres noches, no pudo
quedarse más que un día. El Viceministro de Industria Básica, Raúl Pérez de
Prado, lamentó esa situación: "Nosotros somos gente culta y disciplinada y
salimos del hotel, pero nos han confiscado el dinero" [2].
En el primer momento, la secretaría del ministerio de Relaciones Exteriores se
negó a intervenir en el asunto para no ofender a la Casa Blanca, afirmando que
se trataba de "un asunto entre particulares". Pero frente a la conmoción
suscitada, el gobierno mexicano se vio obligado a expresarse [3].
El Ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Ernesto Derbez, reprobó el
comportamiento del hotel, guardándose de criticar al verdadero responsable del
escándalo, a saber la administración Bush. "La ley no puede de ninguna manera
tener aplicación extraterritorial, y por lo tanto, lo que haríamos nosotros, no
con el gobierno de Estados Unidos porque ellos tienen su legislación, sino con
quien la aplica de manera errónea, sería aplicar la sanción que corresponda",
declaró. Añadió que "la discriminación no está permitida contra
ninguna persona en nuestro territorio, ni por género, ni por nacionalidad, ni
por credo religioso [y] las leyes, tanto federales como locales, deben ser
aplicadas si efectivamente fueron expulsados por ser cubanos" [4].
Kirby Jones, presidente de la Asociación comercial Estados Unidos-Cuba y antiguo
miembro del Banco Mundial, que había organizado el intercambio con los
representantes cubanos, expresó su ira y su incomprensión para con su gobierno.
"Es increíble porque si siguen con esa política hasta el final quiere decir
que ningún cubano en el mundo puede comprar una hamburguesa de McDonald’s",
enfatizó [5].
La decisión del hotel Sheraton viola varias leyes mexicanas. Primero, la ley
sobre la Protección del Comercio y de la Inversión de 1996 estipula que "se
prohibe a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se
encuentren en el territorio nacional [...] realizar actos que afecten el
comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos
extraterritoriales de leyes extranjeras". La legislación prevé una multa de
100 000 días de salario mínimo por toda infracción que se constata [6]. Después,
se violaron las leyes contra las discriminaciones y la protección al consumidor.
En teoría, las sanciones a las que se arriesga la multinacional van de una multa
de 500 000 dólares a un cierre puro y duro del establecimiento [7].
Las precauciones que tomó el gobierno mexicano para no abordar la flagrante
violación de la soberanía de México por los Estados Unidos fueron vanas. Derbez
afirmó estar seguro de que se trataba de un caso de "discriminación", y
no de una aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton [8]. También
reafirmó, como consecuencia de las protestas de la sociedad civil, que no
mandaría una nota diplomática a Washington para protestar contra la expulsión
[9]. En cuanto a Carlos Abascal, Ministro de Interior, según él, "se violó la
ley [...] y vamos a aplicar las sanciones correspondientes sin que eso implique
un reconocimiento de que Estados Unidos violó [nuestra] soberanía" [10].
Pero, invalidando las declaraciones mexicanas, Brookly McLaughlin, portavoz del
Departamento del Tesoro, aseguró que la ley estadounidense se había aplicado en
el territorio de México. "El hotel en la ciudad de México es una empresa
subsidiaria estadounidense y por lo tanto está sometida a la prohibición de
proveer de servicios a Cuba o a sus ciudadanos. El hotel actuó de acuerdo con
las sanciones de Estados Unidos", declaró [11]. De la misma manera, Judith
Brian, portavoz de la embajada estadounidense en México, certificó que "la
ley prohibe a personas o entidades estadounidenses proporcionar servicios a
personas o entidades cubanas, y el Sheraton, como empresa subsidiaria de una
compañía estadounidense, debe acatar las leyes de Estados Unidos" [12].
Contradiciendo también las palabras del gobierno mexicano, Ellen Gallo,
representante de la multinacional Starwoods Hotels, confirmó a su vez la
intervención de las autoridades estadounidenses. "El Tesoro efectivamente nos
exigió que negásemos el acceso a los participantes cubanos al Sheraton en la
Ciudad de México", confesó [13].
El Senado mexicano condenó por unanimidad la aplicación extraterritorial de la
ley Helms-Burton, y exigió que el gobierno abriera una investigación al
respecto, aplicara las leyes en vigor y emprendiera las medidas diplomáticas
necesarias para que ese tipo de incidentes no se produzcan más. El candidato de
izquierda a las próximas elecciones presidenciales de julio de 2006, Andrés
Manuel López Obrador, rechazó vigorosamente esta forma de injerencia: "No se
pueden aplicar leyes extranjeras en nuestro país. Nosotros no podemos de ninguna
manera actuar como peones de ningún gobierno del mundo", subrayó [14].
Veinticinco congresistas estadounidenses criticaron a su gobierno en una carta
enviada al Departamento del Tesoro. Lamentaron "la aplicación celosa de una
ley estadounidense que podría tener implicaciones significativas en el mundo
entero". El correo, que se hizo público, subraya el carácter absurdo de las
sanciones económicas: "si un cine estadounidense instalado en un tercer país
vende una entrada a un cubano ¿se arriesga a ser sancionada la empresa?"
[15].
Las autoridades municipales impusieron un cierre el 28 de febrero, alegando que
15 de las 16 irregularidades constatadas durante la inspección no se habían
corregido a pesar del plazo otorgado de diez días. Pero al día siguiente,
después de una reunión con la Cámara Estadounidense de Comercio, la
representante de la ciudad de México, Virginia Jaramillo declaró, contra todo
pronóstico, que el hotel había "subsanado prácticamente todas las
irregularidades en las últimas horas", revocando así su propia decisión
tomada un día antes. Los responsables del establecimiento habían cumplido el
milagro de realizar "en las últimas horas" lo que no habían podido hacer
durante diez días. La ciudad de México sólo sancionó con una multa de 15 000
dólares al Sheraton [16]. En realidad, las presiones políticas que ejerció el
gobierno del presidente Fox, para quien la relación con los Estados Unidos sigue
siendo sagrada a pesar de las afrentas públicas, tuvieron éxito [17].
El hotel Sheraton ni siquiera se dignó ejecutar las órdenes de cierre parcial
del 28 de febrero de 2006, pretendiendo que no podía expulsar a sus 550 clientes
sin aviso. Conviene señalar que la multinacional no dio muestras de tal
delicadeza respecto a la delegación cubana, expulsada sin consideración alguna.
Pero para el gobierno mexicano, que aún no ha ejercido ninguna sanción contra la
empresa, el respeto de la soberanía del país viene después del mantenimiento de
las "buenas relaciones", de sentido único como lo demuestra este nuevo
escándalo, con la venerada administración Bush [18].
El odio de la Casa Blanca hacia Cuba llega a tomar giros delirantes y fanáticos.
Desde hace más de cuatro décadas, los ciudadanos estadounidenses no pueden
viajar a Cuba sin arriesgarse a sufrir sanciones sumamente severas por parte de
su gobierno. Pero desde el 30 de septiembre de 2004 y la aplicación estricta de
la Reglas de Control de los Activos Cubanos por el Departamento del Tesoro,
cualquier estadounidense que consuma un puro cubano o un vaso de ron Habana
Club, durante un viaje turístico al exterior por ejemplo (su venta está
prohibida en los Estados Unidos), se arriesga a una multa de 250 000 dólares y
10 años de cárcel [19]. ¿Quién se atreverá ahora a negar el alcance y la
importancia terroríficos del despiadado estado de sitio económico que Washington
impone a la población cubana?
Notas
1 El Nuevo Herald, «México estudia sancionar al Sheraton», 7 de febrero
de 2006.
2 Pablo Bachelet, «U.S.-Owned Hotel Could Face Fines», The Miami Herald,
8 de febrero de 2006; El Nuevo Herald, «México: Ven inminente clausura de
hotel que expulsó a cubanos», 9 de febrero de 2006; El Nuevo Herald,
«Expulsan a delegación cubana de hotel en México», 5 de febrero de 2006.
3 Granma, «La mezquindad y el odio contra Cuba y el desprecio por el
Gobierno de México inunda el Sheraton», 6 de febrero de 2006.