Un millón de mapuches habita en el territorio del Estado chileno: según el padrón de 1992, 735.000 viven en las ciudades, 193.000 en las comunidades. Suena a tópico pero los mapuche, o por lo menos parte de ellos, reivindican sus tierras ancestrales y luchan contra las grandes empresas, multinacionales incluidas, que esquilman sus recursos. El pueblo mapuche se considera parte de la tierra, hermanos y hermanas de cuanto ser vivo en ella habita. La naturaleza, la correcta relación para con ella y la cotidianeidad fueron los ejes de su enconadas resistencias.
Tanto los incas como después la Corona de Castilla chocaron con una firme resistencia por parte mapuche. Doscientos años después, la Re- pública de Chile iniciaría la asimilación y el despojo de las tierras en una política de Estado genocida y usurpadora que llega hasta nuestros días. El pueblo mapuche ha ido perdiendo las condiciones en las que desarrollar su medio de vida propio. Como alternativas le queda la emigración a las grandes ciudades, el empleo en los latifundios o malvivir en sus diminutos fundos. El 32% de los mapuche vive en la pobreza; entre los no indígenas, la tasa es del 20%. Son el 87% de la población indígena y el 4,7% respecto al total de la población de la República de Chile.
En tiempos del dictador Pinochet Ugarte, el Estado chileno se convierte en laboratorio de experimentación económica; se implanta un modelo neoliberal que coloca a Chile en la economía globalizada como abastecedor de materias primas (metales, energía, celulosa, etc.). Esta política de Estado -seguida por los gobiernos de la Concertación (coalición entre socialistas y demócrata-cristianos)- que se desarrolla masivamente en los '70 conlleva la implantación de los monocultivos industriales de pino y eucalipto que produzcan celulosa para abastecer a Japón, Europa, Canadá y Estados Unidos. Además de ahorrarse costes, el Occidente libre cede a Chile la contaminación producida por las papeleras. La extensión del monocultivo, que contó con el apoyo y subvenciones estatales, fue mermando la extensión de las tierras bajo control mapuche.
Esta estrategia económica ha creado un grupo de poder formado por el gremio de las forestales (destacan Mininco, Valterra y Arauco), latifundistas, el aparato del Estado y partidos políticos. No, no nos hemos olvidado de ENDESA que, dirigida por Rodolfo Martín Villa, es dueña de ENDESA de Chile y cuyas únicas inversiones efectuadas en ese Estado son las referidas a la construcción de las represas de Ralko, en el Bio Bio.
En 1997 nacería la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko- Malleko, la CAM. Esta apuesta por la recuperación de las tierras para gobernarlas de forma autónoma, a la par de ir recuperando una serie de elementos económicos, espirituales y políticos en base a los que reconstruir la nación mapuche, se considera el germen de un movimiento de liberación nacional. Desde 1997, son 18.000 las hectáreas recuperadas y dispuestas para labranza o la construcción de viviendas. La reacción del Estado fue reprimir y criminalizar a la Coordinadora, utilizando la Ley de Asociación Ilícita pinochetista. Se multiplicaron los juicios por pertenencia a organización terrorista o por participar en protestas y sabotajes organizados por un fantasmagórico grupo armado, auspiciado por la CAM, y cuya existencia no ha sido probada en ninguno de la decena de juicios amañados.
Es sistemática la construcción de pruebas (incluso con participación directa de los medios), la utilización de testigos sin rostro (comprados) y de testimonios logrados bajo tortura (como en el caso de Héctor Llaitul). Las críticas internacionales han hecho variar la estrategia represiva del Gobierno de Michelle Bachelet: ahora la militancia mapuche es juzgada y encarcelada por hechos calificados de violentos y terroristas (recuperaciones de tierras y sabotajes de maquinaria forestal), engrasados por la costumbre de fabricar pruebas y acusaciones. Los medios silencian el uso de la tortura y apoyan la criminalización de la lucha mapuche. Son más de cuarenta las personas presas en estos momentos.
Comunidades enteras viven cercadas, como Temu Kui Kui, donde los paramilitares (armados por los latifundistas) campan por sus respetos. Mientras tanto, las comunidades se ven hostigadas por nuevos enemigos, como la construcción de grandes infraestructuras (aeropuertos, puertos, autopistas) destinadas a la circulación de materias primas y energía. Las comunidades están seguras de estar luchando por su supervivencia.   

Fuente: lafogata.org