Llaitul, de 39 años, fue encontrado culpable de porte ilegal de armas en un juicio express desarrollado en la capital penquista. Sobre el dirigente pesan otras acusaciones. Ya cumplió casi seis de los diez meses de prisión preventiva dictaminados por la jueza Karina Rubio, quien lo formalizó por supuesta participación en un atentado incendiario en Chol-Chol. El principal testigo en su contra es un comunero que hoy denuncia haber sido torturado.
CONCEPCIÓN / El pasado 29 de Agosto, en el Juzgado de Garantía de Concepción (ubicado en el ex Regimiento Chacabuco), mientras en la zona y el país se desarrollaba el paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en un brevísimo juicio oral fue declarado culpable del delito de porte ilegal de armas el dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca, mapuche/huilliche, cuya sentencia se dará a conocer el próximo lunes 3 de septiembre.

Al momento de su detención en esa ciudad el 22 de febrero de este año, Llaitul, actual vocero público de esa organización desde la cárcel, portaba una pistola Taurus inscrita debidamente a su nombre. El fiscal del Ministerio Público, Jorge Lorca, solicita una condena de cinco años y un día, por porte de arma sin el permiso correspondiente, pena considerada racista y discriminatoria por la defensa del dirigente. El citado delito se castiga con penas de carácter remitido, es decir, libertad condicional con firmas periódicas. El abogado penquista Adolfo Montiel defiende a Llaitul en este juicio.

Familiares y amigos del vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, comunero mapuche y licenciado en trabajo social (Universidad de Concepción) sostuvieron en declaración pública que el juicio "tiene como único objeto castigar al movimiento mapuche y sus justas reivindicaciones como pueblo, a través, del encarcelamiento de uno de los fundadores y dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco". En los días previos, sectores estudiantiles desarrollaron movilizaciones de protesta en las afueras de la Universidad Técnica Federico Santa Maria de Concepción.

Sobre la detención de Llaitul, su esposa, Pamela Pezoa, en entrevista virtual con esta periodista expresó: "El arma está inscrita desde hace años, y le pedí que la sacara de la casa por los niños, que estaban de vacaciones; para que se la guardara un amigo. Ese día Héctor iba a visitar a nuestros hijos Lautaro y Neyen, que estaban en la casa de mi mamá en Concepción. Los teléfonos estaban pinchados… Ellos también tenían seguimiento, y las señoras que los cuidaban mientras yo trabajaba, fueron amedrentadas y sobornadas. Una de ellas fue detenida por 7 horas en la comisaría de Cañete. Le preguntaban si los niños sabían donde estaba su padre, por lo que yo temía que algun dia los detuvieran. Lautaro cumplirá 13 anos el 30 de Agosto, en medio de este juicio; Ernesto tiene 11 años, también tenemos a Neyen de nueve y Pelentaru de apenas tres años. Además, cuando Victoria –que sólo es hija mía- cursaba tercero medio en un colegio de Concepción fue interceptada a la salida por desconocidos que le pidieron que se subiera a un auto. Ella se negó y varios compañeros se dieron cuenta de que algo le pasaba y se acercaron a ella".

Pamela que vive con sus niños en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu-Lleu –uno de los epicentros del conflicto mapuche- asistió al juicio con tres de sus hijos, y cuenta que Héctor "es amante de los deportes y la actividad física, juega basketbol desde su juventud, no fuma, ni toma, y lee muchísimo. Ha trabajado en la construcción en Santiago, o como recolector en la caleta de Butalelbu en Puerto Montt, y trabajador social en Purén". Llaitul, de 39 años, fue trasladado a la capital penquista desde Angol con gran despliegue policial. Ya cumplió casi seis de los diez meses de prisión preventiva dictaminados por la jueza de garantía de Nueva Imperial, Karina Rubio, quien lo formalizó por supuesta participación en el atentado incendiario a máquinas de Forestal Mininco ocurrido en Cholchol en diciembre de 2006. En ese juicio sólo cuenta con el defensor público Ricardo Cáceres. Sobre esta imputación, afirma Pamela Pezoa:

"La fiscalía de Nueva Imperial le acusa por el ataque incendiario en Cholchol, pero quien lo inculpa es Roberto Painemil Parra, una persona sin antecedentes policiales, respecto de quien tampoco está comprobado haya tenido alguna participación en ese hecho. Héctor no lo conoce para nada. Para este juicio sólo contamos con un defensor público. Según el testimonio entregado por el comunero Painemil a sus familiares y al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, él fue golpeado y amenazado por sujetos que no pudo identificar. En todas las causas anteriores Héctor ha sido absuelto. Están archivadas, solo en una cumplió una pena remitida, por el incendio a la Hacienda LLeu Lleu en enero de 2001". Las circunstancias que rodean la detención de Painemil también son confusas ya que inicialmente él afirmó que fue detenido e interrogado por civiles que supone ligados a los empresarios forestales.

La cárcel de Angol

Luego de su detención Héctor Llaitul permaneció ilegalmente aislado en la enfermería de la cárcel de Temuko. Su demanda de traslado a la cárcel de Angol para poder ser visitado y acceder a un trato digno y un juicio justo, sólo fue concedida luego de una prolongada huelga de hambre, después de la cual el vocero se unió en mayo en ese recinto, a otros 4 presos políticos mapuche: Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Pedro Queipul y José Huenchunao (este último ex vocero de la CAM, arrestado en enero de 2007 y sentenciado a 5 años por un ataque incendiario en Ercilla ya no es miembro de esa organización). La actuación del Estado chileno en las condenas de estos detenidos por el caso Poluco-Pidenco está siendo investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta la fecha, los órganos policiales han sido efectivos en lograr la detención de dirigentes destacados de la radicalizada organización mapuche. José Llanquileo, sindicado por la inteligencia policial como su líder máximo, era el vocero oficial de la organización y ahora también está en prisión, en Traiguén. Sin embargo en tribunales frecuentemente los fiscales no logran acreditar los delitos por los cuales se les persigue. Angélica Nancupil, pareja de Llanquileo, asumió la vocería de los presos políticos mapuche miembros de la CAM. A diferencia de otras organizaciones mapuche, la Coordinadora desarrolla su trabajo en forma autónoma, al margen de la institucionalidad y se opone a cualquier negociación con el gobierno en las actuales condiciones. Tampoco mantiene alianza alguna con otras organizaciones mapuche ni con partidos de izquierda y su dirección colectiva tiene carácter clandestino. "Nuestros esfuerzos se concentran en la defensa territorial y reconstrucción de nuestro pueblo, lo que, a su vez, permitirá crear las bases para generar una propuesta mayor, en definitiva, el proceso de liberación nacional mapuche", sostiene su vocero "José Llanquilef", en una entrevista publicada en agosto en su web.

Pese a los anuncios oficiales acerca de la nueva "pacificación" del territorio afectado por el denominado conflicto mapuche luego de la detención de los dirigentes de la CAM, continúan en Arauco las movilizaciones relacionadas con la lucha por la recuperación de tierras usurpadas por las forestales. Es así como en julio, diez mapuche de la comunidad Chilcoco fueron formalizados en Arauco por "usurpación no violenta" del fundo Llico en manos de la Forestal Arauco. En Cañete, ese mismo mes se produjo la ocupación por la comunidad Antonio Nicuman de Treng Treng, del sector Huape-Antiquina, en manos de Forestal Mininco. Poco antes, la comunidad de Yeupeko (comuna de Vilcún) afirmó públicamente que continuaría su lucha por recuperar las tierras que reivindica, actual fundo Santa Margarita, y a su vez la comunidad del sector de Nalcahue reafirmó el ejercicio de control territorial sobre un área ancestral recuperada previamente.

Justicia y discriminación

Sin excepciones, la detención de comuneros en toda la zona mapuche está directamente vinculada con la lucha en defensa de sus territorios ancestrales. No hay hechos de sangre relacionados con estas demandas y acciones contra las empresas forestales, que la Presidenta Bachelet calificó en Ginebra como delitos comunes. La organización urbana "Meli Wixan Mapu" define como preso político a todo aquel mapuche "privado de libertad y/o en proceso, por su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, así como las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo mapuche". En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén y también en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, se encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet, reclamada a dúo por gobierno y empresarios forestales.

¿Por qué los dirigentes mapuche de la CAM han optado por la clandestinidad en lugar de comparecer ante la justicia chilena en tiempos de democracia? Resulta oportuno analizar las medidas precautorias que se aplican a luchadores mapuche, las sentencias a las que se les condena, los allanamientos masivos y vejaciones a los que son sometidos comunidades como Temucuicui, Cherkenko, San Ramón, José Guiñón, Tricauco, Ailia Varela del sector Caillin (comuna de Ercilla) Hay evidente discriminación de los jueces frente a criminales responsables de delitos de lesa humanidad. Las condiciones de vida en el Penal Cordillera contrastan con los diez meses a la espera de juicio por Llaitul en la cárcel de Angol, o la condena efectiva a 500 días por daños a un tractor que Waikilaf Cadin –sin antecedentes anteriores- enfrenta en condiciones infrahumanas de aislamiento en la Cárcel de Alta Seguridad, sin derecho a biblioteca. La lonko Juana Calfunao Paillalef y su hermana Luisa permanecen actualmente en huelga de hambre en la Cárcel de Temuco, exigiendo el cese de los malos tratos y hostigamiento ejercidos por gendarmería y tratamiento médico adecuado al werken Antonio Cadin, entre otras demandas.

Entretanto la justicia ha dejado en libertad condicional a los ex carabineros Alex Ambler Hijonosa, Francisco Toledo Puente y Marcelo Muñoz Cifuentes, asesinos de los hermanos Vergara Toledo y a todos los oficiales convictos por la ejecución a mansalva de Jecar Neghme (el ex brigadier Enrique Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, los altos ex oficiales Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Silvio Corsini y Manuel Allende Tello. Además, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema últimamente ha rebajado a la mitad "por irreprochable conducta anterior" penas que afectan entre otros, a criminales empedernidos de la DINA como el ex prófugo Raúl Iturriaga Neumann, y el ex detective Risiere Altez España, condenados por el secuestro y desaparición de los jóvenes socialistas Mario Carrasco Matus y Víctor Olea. Altez España, un torturador, cumplirá su mínima pena en libertad condicional.

El alto mando de las fuerzas policiales y la justicia dedican grandes recursos a la criminalización de la lucha mapuche en lugar de intensificar los medios requeridos para prevenir y castigar la violencia de género. En 2006, 51 chilenas fueron asesinadas en contextos de violencia intrafamiliar, mientras que en lo que va de 2007, ya murieron 47 mujeres (una por semana) por la misma causa según denunciaba un estudio de diversas organizaciones feministas en el Diario de la Sociedad Civil. Las medidas cautelares y las penas aplicadas a estos criminales tampoco guardan relación con la gravedad de estos hechos.

Sin respuesta judicial

Las querellas y los recursos de amparo de los mapuche por torturas, incendios de rucas, interrogatorio a niños en la escuela Villa Chiguague de Ranquilco Bajo, detención ilegal o violencia innecesaria no prosperan en la justicia. En cambio las forestales cuentan con permanente protección policial, que en el caso del propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales en forma permanente. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos por la policía, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. Estos hechos han sido denunciados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y documentados en terreno en septiembre de 2006 por una Misión de Observación de Derechos Humanos.

En julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado una denuncia de hostigamiento policial interpuesta por lo comuneros, argumentando que el informe de Carabineros sostenía que tal hostigamiento no existía, una respuesta idéntica a las dadas por tribunales en tiempos de dictadura. La vulneración de los derechos humanos del pueblo mapuche y la judicialización de sus luchas ha sido criticada en mayo pasado por Amnistía Internacional en su informe 2007 y el año 2006 lo fue por Rodolfo Stavenhagen, relator internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En marzo de este año, la reprimenda vino del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al quinto informe sobre derechos humanos en Chile.

El Comité llamó al gobierno de Chile a realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven a una solución que respete los derechos sobre las tierras de las comunidade afectadas por la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, y para que estas sean reconocidas como tierras ancestrales. En varias oportunidades el gobierno ha recibido llamados de atención provenientes de la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU; y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina. Todos ellos llaman al gobierno chileno a rectificar.

El gobierno de la Presidenta Bachelet ha iniciado una ofensiva diplomática por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2008-2012. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela tienen similares propósitos, pero sólo hay tres cargos para la región. Sin embargo la mandataria presta oídos sordos a las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos y a la activa campaña por la libertad de los presos políticos mapuche desarrollada por las organizaciones de ese pueblo originario en Europa y otras regiones.

Aunque Chile cuenta con una Ley Indígena que asegura el respeto a la cultura de los pueblos originarios, sus autoridades tradicionales son llevadas a juicio y condenadas frecuentemente. A fines de agosto, en conferencia de prensa los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, de la comuna de Traiguén, liberados este año luego de cumplir condenas de cinco años, mostraban su asombro por la indiferencia del gobierno ante los llamados de atención de las organizaciones internacionales de derechos humanos y particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciaron que la entidad no obtuvo descargos oportunos del Estado chileno en la investigación iniciada a pedido de estos lonkos por irregularidades en su juicios / Azkintuwe

Fuente: lafogata.org