Pescadores pugnan por evitar la construcción de una planta regasificadora

Hermann Bellinghausen 
La Jornada

El delegado Zero, durante su periplo de la otra campaña, en imagen de archivo Foto Víctor Camacho
"Hoy culmina el proceso de negociar con las instituciones sin recibir ninguna respuesta", advierte un pescador de la laguna de Cuyutlán durante el acto público de la otra campaña realizado en la comunidad urbana de Campos (municipio de Manzanillo), cuya población se dedica al "arte de la pesca", como les gusta decir por acá. Han decidido pasar a la resistencia.
Víctimas crónicas de los daños ambientales causados por la planta termoeléctrica del puerto -presente al fondo del parque donde reciben al subcomandante Marcos bajo la permanente nube de hollín de combustóleo donde viven-, los pobladores de la laguna no quieren los nuevos males que, "por el bien del desarrollo", les acarrearía la planta regasificadora que quiere poner aquí el gobierno.
Escucharán al delegado Zero, dice el presentador, pero "dándole la voz primero a todos nosotros.
"Campos era un paraíso, un alto productor de agricultura. De aquí salían toneladas de ciruela", dice Gregorio Solano, ejidatario. "Ahora con trabajos producimos maíz y jamaica".
El gobierno ha prometido 10 mil empleos directos e indirectos, con tal de que la población acepte el cambio de uso de suelo, la destrucción de 97 hectáreas de ecosistema costero, que incluyen 30 hectáreas de manglar, y con eso el fin de sus actividades pesqueras y agrícolas.
Francisco Galeana, pescador de la Cooperativa Alameda de la laguna de Cuyutlán, agrega otro punto que desenmascara a los gobiernos panistas y priístas impulsores del ambicioso plan: "El problema es que pretenden despreciarnos para beneficiar el interés de grandes empresarios. Yo también soy empresario. Llevo 33 años pescando, pero el gobierno ve por el futuro de las empresas que van a destruir la mía".
Los mexicanos, en desventaja
Los empleos prometidos significan que los existentes desaparezcan. Galeana añade: "Han tratado hasta de llevarme preso por oponerme durante años a que dañen el océano y las lagunas. Nuestro arte se pierde. Ya se vio cómo hicieron con la compañía española Tuni, a la que el gobierno dio todas las ventajas al levantarse el embargo atunero. Los mexicanos no ganamos nada. Todo se entregó a los extranjeros".
El organismo civil Bios Iguana ha llamado a detener la destrucción y privatización de la laguna de Cuyutlán: "En una alianza histórica, el gobierno estatal de Colima, de extracción priísta, y los gobiernos panistas del municipio de Manzanillo y federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Administración Portuaria Integral, tratan de destruir los humedales costeros de gran importancia ecológica para el mundo entero, bajo la línea presidencial de imponer infraestructura industrial de gran impacto".
Presentes en la reunión, los especialistas de Bios Iguana expresan que al gobernador Silverio Cabazos Ceballos y al gobierno de Vicente Fox "les urge abrir la gasera". Ya tienen listas 20 gigantescas esferas para almacenar gas butano, propiedad de la trasnacional española Z. "La mitad de eso causó el estallido de San Juanico en el estado de México", exponen.
Al instalar plantas de gas LP y gas natural en las inmediaciones de la laguna de Cuyutlán, y ampliar las instalaciones portuarias, "se modificará e impactará estratégicamente la laguna; así como en el pasado destruyeron la laguna de Tapeixeles, ahora quieren destruir la de San Pedrito, con 30 hectáreas de manglar, y de manera tramposa las lagunas Juluapan y Peñitas Miramar para desarrollos inmobiliarios, cometiendo acciones ecocidas y potencialmente etnocidas por la expulsión de los grupos originarios y de quienes viven de las lagunas costeras".
Bios Iguana coincide con los pescadores en que se están beneficiando "intereses privados de empresas trasnacionales, a costa del patrimonio ecológico de las siguientes generaciones, violentando el estado de derecho en materia ambiental y dejando sin efecto el interés público sobre el cuidado y conservación de los ecosistemas costeros".
El ecocidio no es novedad, pero se agrava. Francisco Ascencio, de la laguna Coloapa, al norte del municipio de Manzanillo, señala que ésta ya fue privatizada.
Cuyutlán, ubicada al sur del puerto y centro turístico, llega también al municipio de Armería, y posee una importancia especial como riqueza natural. El manglar, señalan los especialistas de Bios Iguana, "es productor de oxígeno, da cobijo y alimento a la vida oceánica, protege a Manzanillo de ciclones, tsunamis e inundaciones, evita los hundimientos, es lavadero de bióxido de carbono, recarga mantos freáticos, controla la erosión de costa y regula el clima a escala global".
La gente que se reúne con el delegado Zero ha sido amenazada, golpeada, torturada, encarcelada y humillada por defender la laguna. David es un pescador que fue detenido este 16 de marzo por la policía colimense: "Fui torturado horriblemente. Me quisieron atribuir delitos graves. También nosotros tenemos un góber precioso: Silverio Cavazos Ceballos, que abusa y quiere contentar a la gente con despensas y migajas".
Los pescadores se han reunido hasta la saciedad con el gobernador, con el edil panista Nabor Ochoa López, con los delegados oficiales. "Nos dan atole con el dedo", se quejó la pescadora Graciela Gutiérrez. Ahora, el gobierno pasó a la represión y la persecución de los trabajadores del mar. Cuando David protestó ante el gobernador hace dos semanas, encadenándose a la planta de Campos para poder expresar su inconformidad antes de ser acallado, Cavazos Ceballos habría ordenado: "Llévense a este cabrón".
A golpes se lo llevaron. Eduviges, su esposa, videograbó la escena. Ella misma cuenta cómo fue agredida a golpes, destruyeron los vidrios del carro donde se encontraba, le arrojaron gases lacrimógenos, la esposaron y detuvieron "con violencia extrema" junto con un sobrino, un hijo y otros familiares, quienes fueron torturados por la policía. David y Eduviges aún conservan huellas físicas de las agresiones.
Es el precio que pagan por defender su trabajo, su propiedad, sus derechos y otras bagatelas que el neoliberalismo desprecia profundamente.
No resulta tan inexplicable que Flor Adriana López exprese ahora: "No nos sorprende que el subcomandante Marcos sea enemigo del gobierno, igual que lo fueron los que lucharon en la Revolución, igual que nosotros".
Según reportó el 30 de mayo pasado Verónica González Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Colima, en marzo de 2005, pocos días después de la muerte del gobernador Gustavo Vázquez en un accidente de avión, el mandatario interino Arnoldo Ochoa González "intentó modificar el decreto del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la subcuenca laguna de Cuyutlán para cambiar el uso de suelo agrícola, turístico y pesquero en la actualidad, por uno industrial y de navegación, para instalar la regasificadora y todo un corredor que, en silencio, se ha empezado a montar".
La instalación de la regasificadora, añadió la corresponsal, representará una inversión de 2 mil millones de dólares. "Con esa obra, el gobierno rebasará las metas de inversión de todo el sexenio 2003-2009. De ahí el interés por acelerar el proyecto".
Otras voces, otros ámbitos
El desarrollismo neoliberal se exhibe en Cuyutlán con claridad meridiana. Al despojo real contra los pobladores, la alteración definitiva de su trabajo y sus condiciones de vida, se suma un daño ambiental de gran importancia, impulsado por la CFE y solapado por las autoridades ambientales (la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el gobierno estatal).
Contraviniendo sus propias disposiciones en 2003, cuando prohibió dragar, talar y rellenar manglares y humedales, y restringió las actividades que pudieran afectar la zona del manglar, "Semarnat modificó ilegalmente su norma, y autorizó la destrucción de los humedales costeros a cambio de una 'compensación económica' de 10 millones de pesos y la promesa de atender 90 hectáreas de manglar para su conservación" (documento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace y Bios Iguana, abril de 2005). O sea, que mediante el pago de una "compensación económica" se omitirían las prohibiciones para dragar, talar y rellenar manglares y humedales.
Otro participante de la reunión este jueves en Campos, procedente de Ensenada, Baja California, ofreció testimonio de lo que allá se cierne sobre las riquezas costeras, precisamente en favor de la industria internacional del gas y los jugosos contratos para el ayuntamiento de Ensenada y los gobiernos panistas federal y de Baja California.
Luis Alfonso expuso un informe sobre el proyecto industrial en la costa de Rosarito, donde el gobierno foxista pretende la instalación de inmensas instalaciones para recibir gas y exportarlo a Estados Unidos. Los beneficiarios de esa planta serán Centra Energy, Shell y Chevron Texaco, y los clientes principales, los estados de California y Texas.
Según el informe, el ayuntamiento de Ensenada entregó a las trasnacionales el estudio de factibilidad de las gaseras a cambio de inversiones millonarias. La zona geológica de Costa Azul se convertiría en muelles de paso para el gas licuado procedente de Asia y posiblemente Bolivia (éste último ya no es tan seguro, luego la "revuelta de gas" que cambió el rostro de la nación sudamericana).
Los 4 millones de toneladas del nuevo rompeolas dañarán irreversiblemente los arrecifes, la población de algas y las aguas que protegen a delfines, ballenas y orcas que viajan desde el Polo Norte hasta el golfo de Baja California. El proyecto se emparenta con la transformación industrial de las islas Coronado, frente a Tijuana. Allí, el gobierno procura beneficiar a la British Petroleum Company por encima de la población de las costas, que además de gente incluye focas, leones marinos y ballenas, para los cuales el sistema costero es un santuario.
Pero hoy, los santuarios de la naturaleza se sacrifican en el altar del dinero.

Fuente:www.lafogata.org